La justicia desestimó los 943 recursos de nulidad presentados por Keiko Fujimori contra su derrota electoral

La justicia desestimó los 943 recursos de nulidad presentados por Keiko Fujimori contra su derrota electoral
La justicia desestimó los 943 recursos de nulidad presentados por Keiko Fujimori contra su derrota electoral

Su partido, Fuerza Popular, hará otros intentos, está vez en la justicia ordinaria. La autoridad electoral, sin embargo, aseguran que no hay elementos para hablar de fraude en la segunda ronda de las elecciones presidenciales

La justicia desestimó los 943 recursos de nulidad presentados por Keiko Fujimori contra su derrota electoral

Los 35 jurados electorales especiales de Perú resolvieron negativamente los 943 recursos de nulidad presentados por Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, contra los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 6 de junio, en las que Fujimori fue derrotada por un estrecho margen por el candidato de izquierda Pedro Castillo.

La totalidad de los recursos fueron declarados improcedentes e infundados, por lo que ahora solo le resta a Fujimori un posible recurso de hábeas data para intentar acceder a los padrones electorales y la vía abierta por un ex juez cercano al fujimorismo, Javier Villa Stein, para intentar echar abajo todo el proceso de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, informa el diario peruano ‘La República’.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancavelica ha sido el último en resolver los 21 recursos de nulidad pendientes en unas resoluciones publicadas en la tarde del viernes en la plataforma virtual del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Los 21 recursos fueron declarados infundados.

El presidente del JEE de Huancavelica, Waldo Gonzales, explicó que en ningún caso hubo elementos que puedan llevar a establecer que haya habido un intento de fraude o alteración de los resultados.

“Los indicios o medios probatorios hacen saber que las personas han asistido a los colegios y han firmado, y eso se ha acreditado. ¿Cuál sería el fraude o alternación? No hay”, subrayaron en declaraciones a La República.

Con sus matices, los jurados electorales especiales descartaron cualquier aproximación a lo que pueda considerarse un fraude, tal como viene denunciando, sin éxito, la candidata Keiko Fujimori.

Una vez desestimados estos 943 recursos de nulidad en primera instancia, Fuerza Popular ha comenzado a tramitar los recursos de apelación para que los casos sean revisados por el pleno del JNE. La norma fija tres días de plazo para el trámite de las apelaciones y luego el pleno del JNE debe revisar los escritos para pronunciarse, lo que podría prolongar la incertidumbre más de una semana.

Justicia ordinaria

En paralelo con las apelaciones ante la autoridad electoral, Fuerza Popular también impulsa acciones en la vía judicial, para intentar revertir el resultado. Por un lado, ha anunciado un hábeas data contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a fin de acceder a los padrones electorales.

Las autoridades reconocen el “derecho de acceso a la información pública”, pero defienden también la “protección de los datos personales que no se pueden compartir con un partido político”, en palabras de la exministra de Justicia Ana Neyra. “No se puede dar información personal como la dirección, la huella digital o la foto”, ha remachado.

Además, este viernes ha sido anunciada una acción constitucional a cargo de Javier Villa Stein, un ex juez conocido por su cercanía con el fujimorismo. La acción de amparo ha sido tramitada ante el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Miraflores. Villa Stein pide la nulidad de la segunda vuelta y “como consecuencia de ello, se ordene (...) a repetir dicho proceso electoral”.

Para ello, alega las supuestas firmas falsas de los miembros de mesa, una tesis ya rechazada por los jurados electorales especiales. También cuestiona que los jurados especiales se hayan mostrado renuentes a pronunciarse sobre el fondo en la mayoría de los recursos de nulidad, dado que se presentaron fuera del plazo.

Ana Neyra considera que, en realidad, no hay ningún sustento en esta acción de amparo que presentó Villa Stein. “Está aludiendo a una afectación de derechos fundamentales, pero no precisa cuáles. Yo no le veo posibilidad alguna con el marco legal vigente. No creo que pueda estimarse”, ha argumentado.

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